La comunidad contra la compañía: Mapuche vs. Benetton & Co.

20 January 2017

Esta nota es un extracto del artículo del Dr. Darío Kosovsky, publicado en la página de Facebook del “Grupo de Curas en la opción por los Pobres”. Creemos que es un  buen ejercicio conocer los antecedentes legales de la situación planteada entre la comunidad mapuche y la empresa multinacional que se adjudica la propiedad del territorio indígena.

Por Darío Kosovsky*

La historia que hoy confronta a los Benetton con el pueblo mapuche se originó en los años 1870-90 con la apropiación territorial foránea con la guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad del recién nacido estado argentino, el que facilitó fraudulentas maniobras financieras, administrativas y políticas para consolidar una de las mayores concentraciones de tierras de la Argentina.

En su ensayo Ese ajeno Sur el profesor Ramón Minieri demostró que en los últimos años del siglo XIX una empresa formada en Londres, The Argentine Southern Land Co. (“Compañía de Tierras del Sud Argentino”), conocida también por su sigla TASLCo., recibió como regalo del gobierno nacional la propiedad de casi un millón de hectáreas en el norte de la Patagonia.

La compañía financió a través de sus inversiones y empréstitos con la corona británica el genocidio indígena realizado por el Ejército argentino en la campaña genocida del coronel Julio A. Roca, obteniendo a cambio las mejores tierras periféricas a la línea del ferrocarril, recibiendo como si fuera poco todo tipo de exenciones, incluso importar bienes de consumo con los que abastecía sus estancias, eliminando la competencia de las industrias y comercios regionales. Solamente en el territorio de la actual provincia de Chubut, las entidades de este conjunto llegaron a poseer 2.300.000 hectáreas de campos”.

Desde el año 1991, el Edizioni Holding International N.V. de los Benetton controla a la Compañía, nacionalizada en 1982 bajo la razón social “Compañía de Tierras del Sur Argentino S.A.” (CTSA). En 1996 la CTSA modificó sus estatutos para incorporar la explotación minera como uno de sus objetivos. Entre ese año y el 2002, en las tierras de la empresa y aledañas se realizaron cateos que detectaron yacimientos auríferos y argentíferos. El 9 de mayo de 2003 crearon la Minera del Sud Argentino para explotar esos yacimientos que, curiosamente, eran desconocidos por el Estado.

Las concesiones de la última década del siglo XIX fueron mensuradas creando así las estancias de la CTSA de El Maitén, Lepa, Leleque, Pilcaniyeu, entre otras. A diferencia de los actuales modos de mensurar con moderna aparatología que sólo realiza la descripción de coordenadas, lados y ángulos, en aquel entonces se relataban aspectos geográficos y –al menos en este caso– culturales del uso del territorio. El agrimensor Pablo Gorostiaga que midió las “colonias” Lepa y Leleque describió dentro en ellas caminos construidos por los aborígenes que utilizan para cazar. La inclusión del término en tiempo verbal presente denota el ejercicio de la práctica cultural mapuche vigente al momento de la mensura.

 

Atilio, Rosa, el cuadro “Santa Rosa” en Leleque

Los mapuches Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir descienden de quienes poblaron la zona de la Estancia Lepa y Leleque. Los abuelos y padres de Atilio fueron contratados por el ferrocarril, trabajando en la estación Leleque, ubicada a pocos kilómetros de distancia. El cuadro conocido como “Santa Rosa” era entonces espacio de juegos y aprendizaje, de caza y de pastoreo de sus caballos. Rosa desciende de un cacique de Cushamen, paraje vecino, donde se realizaban grandes Kamarukos, ceremonias del Pueblo Mapuche. Cushamen fue una colonia donde se reagruparon familias Mapuche sobrevivientes de la guerra o que escaparon de presidios como los campos de concentración de Valcheta y Chinchinales, pues en gran medida murieron como mano de obra esclava de terratenientes en el Norte.

La unión de Atilio con Rosa generó una importante descendencia. Desconociendo por entonces sus derechos como indígenas y entendiendo que se trataba de tierras fiscales, en el año 2002 Atilio y Rosa ocuparon el cuadro Santa Rosa. A los tres meses, Benetton, comprador de la CTSA, logró la orden de desalojo cautelar del juez penal de Esquel Colabelli, luego destituido por el mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, en 2004. El desalojo fue violento, destruyendo todo lo que habían construido y sembrado.

El desalojo fue sentido como una afrenta por todo el pueblo mapuche en la zona. El apoyo brindado por familias y organizaciones permitió mantener activo el conflicto, que adquirió notoriedad a nivel nacional e internacional, llegándose incluso a una mediación entre las familias mapuches y los Benetton, propuesta por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en la que los terratenientes ofrecieron donar tierras en otro lugar, lo que no fue aceptado por los mapuches que consideran que ellos pertenecen a esas tierras, que les corresponde la propiedad comunitaria por integrar su territorio tradicional y que por el derecho argentino no se puede recibir por donación algo que ya es propio.

En ese proceso maduró la conciencia de su identidad mapuche así como su decisión de mantener la lucha por el territorio, sin convalidar los despojos ni las concesiones ilegítimas, al tiempo que fue tomando cuerpo la organización de las familias bajo la categoría de “comunidad indígena”: nacía así la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque (la Comunidad) en alusión a la pertenencia que sus integrantes sienten con el sitio que ocupan tradicionalmente.

 

mapuche 2

 

La Comunidad Santa Rosa Leleque recupera su territorio y resiste a la compañía

El 14 de febrero de 2007 la Comunidad, entonces compuesta además por otras familias Mapuche, recuperó como tal la porción del territorio en cuestión.

La acción penal de Benetton fue repelida por la Comunidad y desestimada por la Justicia en lo penal el mismo año. En cambio, la acción civil impulsada por los italianos logró sentencia favorable de primera instancia en marzo de 2012, dictándose así la orden de desalojo. Dicha sentencia fue apelada por la Comunidad. El trámite se encuentra suspendido por la Cámara de Apelaciones del Noroeste de Chubut (CANO).

En esta acción civil, la Comunidad planteó además un recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la misma CANO desconoció su existencia previa a su registración.

La violación al principio de autodeterminación de la identidad, al principio de igualdad, al territorio, al desarrollo, a los recursos, incluidos en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas tanto por la Justicia de la provincia en los casos hasta ahora relatados como por el poder ejecutivo provincial, habilitan la revisión del caso por la Corte Suprema Nacional, así como por la Comisión y eventualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Paralelamente, los abogados de Benetton obtuvieron una medida cautelar de no innovar accesoria al juicio civil antes mencionado, impidiéndole a la Comunidad realizar modificaciones sustanciales en el campo. Todos los planteos fueron repelidos por la Comunidad en tanto se trató de modificaciones menores, esenciales para la subsistencia y la vida digna, que de no realizarse impedirían la vida y el desarrollo de la cultura. Hasta ahora, los planteos de Benetton vienen siendo rechazados.

 

Posición de la provincia de Chubut

Otro escollo con el que la Comunidad ha debido confrontar es la política negadora y discriminatoria de la provincia de Chubut con las comunidades indígenas.

El Instituto de Comunidades Indígenas (ICI) previsto por la ley 3.657 del año 1991 jamás fue puesto en funcionamiento ni reglamentado por el poder ejecutivo que tenía 180 días para hacerlo. Tampoco se puso en funcionamiento la Comisión de Tierras Indígenas creada por el art. 39 de la ley 3765, que debe dictaminar previo a la adjudicación de tierras

En este contexto de desinterés y postergación para los pueblos indígenas, la provincia de Chubut le niega a la Comunidad la instalación del servicio de energía eléctrica. No es la primera vez: otras Comunidades (Motoco Cárdenas en Lago Puelo) de la zona también sufrieron este rechazo, debiendo acudir a instancias judiciales para lograr la instalación.

La Fiscalía de Estado y la Cía. de Tierras del Sud Argentino Sociedad Anónima, se valen del uso fraudulento de documentos material e ideológicamente genuinos, al MENTIR DESCARADAMENTE sobre la situación real de los autos ‘Cía. de Tierras Sud Argentino Sociedad Anónima c/CURIÑANCO, Cristian Fabián y otros s/Sumario’ (Expte. 59/2007): ambas pretenden hacer creer a V.S. que existe sentencia firme, cuando en realidad las actuaciones se encuentran suspendidas por decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut y aún no existe sentencia firme. En base a ese engaño de la fiscalía, el estado provincial da a la Comunidad y a sus integrantes el título de ‘intrusos’ o ‘usurpadores’ del Territorio comunitario ancestralmente ocupado. Por ese mismo engaño la comunidad sigue sin luz.

 

La presión italiana al estado nacional

La Fiscalía de Estado de la provincia niega la existencia de la Comunidad así como la identidad indígena de sus integrantes, pero la existencia de la Comunidad Mapuche fue comprobada a través de un relevamiento realizado territorial conforme el artículo 3 de la ley 26160. El relevamiento fue implementado en la provincia de Chubut por intermedio de la Universidad Nacional de la Patagonia como Equipo Técnico Operativo con la intervención de reconocidos especialistas en derecho indígena. La Comunidad fue relevada entre diciembre de 2011 y marzo de 2012.

El informe (Carpeta Técnica) resultante de dicho relevamiento fue invocado como prueba en la segunda instancia a fin de lograr con ello el rechazo de la demanda. Bajo la presión de los terratenientes italianos, el INAI realizó una revisión al trabajo de los especialistas de la universidad cuyo resultado aún no pudo conocer la Comunidad.

 

(*) Abogado UBA. Fundador del Grupo de Apoyo Juridico por el Acceso a la Tierra del Centro de Politicas Publicas para el Socialismo, Director en Patagonia. Miembro fundador de la Asociacion de Abogad@s de Derecho Indigena. Abogado del Consejo Asesor Indigena de Rio Negro y de Comunidades en Rio Negro y Chubut.

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